El ciudadano como miembro activo de una sociedad es, ante todo, un sujeto de derechos que convive en el marco de leyes establecidas y no incluye, en su definición, ningún tipo de clasificación por condiciones étnicas, culturales, nivel educativo,

El ciudadano como miembro activo de una sociedad es, ante todo, un sujeto de derechos que convive en el marco de leyes establecidas y no incluye, en su definición, ningún tipo de clasificación por condiciones étnicas, culturales, nivel educativo, religión, posición social, género, edad o ningún tipo de jerarquía. Fue bajo esta premisa que se construyeron constituciones políticas en casi todos los países del mundo, se diseñaron tratados internacionales y se han logrado grandes avances para reducir inequidades, terminar conflictos y avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

En este sentido, este ser humano, sujeto de derechos, se ha venido perdiendo en la nube de etiquetas que empañan la construcción de políticas y sistemas sociales generando el efecto contrario de exclusión y estigmatización, cruzando incluso la línea del respeto por la diferencia.

En el caso de la educación, es evidente cómo estas ‘etiquetas’ han permeado la escuela y el sistema educativo mismo haciendo más difícil alejar polarizaciones e intereses que retrasan o entorpecen la real garantía del derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Según Julio Carranza, representante de la Unesco en Guatemala, “el abandono escolar es un fracaso de la sociedad en su conjunto”. Yo agregaría, además, que la falta de atención integral a los niños menores de 5 años también es un fracaso que debemos revertir, dando la voz a los más pequeños, logrando entornos protectores y garantizando que sus derechos, como el derecho a aprender, no sean vulnerados. La escuela debe entender y enfrentar las prácticas excluyentes de la sociedad y confrontar prácticas homogeneizantes acompañada de su comunidad y construyendo en la diversidad.

El pasado 12 de octubre, en Guatemala, se llevó a cabo el Seminario Internacional Reduca 2016: Retención y permanencia escolar, espacio de reflexión del que como resultado produjimos la “Declaración de Antigua”, un llamado importante a los gobiernos latinoamericanos como garantes y a la sociedad civil como corresponsable para garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con las condiciones para lograr trayectorias escolares completas y exitosas, dejando atrás las situaciones de exclusión, expulsión y abandono que afectan a los países de la región. La Declaración, además, exige información confiable y detallada sobre la situación y trayectorias escolares de los estudiantes y reitera el compromiso de trabajo colaborativo entre los miembros de la red con los gobiernos, en pro de una educación de calidad en Latinoamérica. (Ver declaración)

Iniciativas como esta, que recogen la experiencia y trabajo de 14 organizaciones de la sociedad civil en América Latina, no sólo son ejemplo de trabajo articulado sino que también aportan un grano de arena a la garantía de este derecho fundamental, de cierta manera resumido en el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas específicas y que exigen no perder de vista al ser humano sujeto de derechos, al niño como sujeto de derechos, al ciudadano libre de etiquetas…

Desde nuestro rol, los invito a no renunciar a ningún niño, niña o joven. A que trabajemos para hacer de la escuela un instrumento auténtico de inclusión social, para lograr que dónde se nazca o dónde se crezca no condicionen nunca más las posibilidades de ejercer el derecho a aprender.

Luz Yesenia Moscoso Ramírez*

*Encargada temática de Reduca (Red Latinoamericana por la Educación) en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Fuente original: EL MUNDO