Los resultados anuales de las pruebas estandarizadas parecen demostrar que la descentralización merece revisarse.

Por: Catalina Ángel Pardo*

En 2019, la nueva Constitución Política de Colombia cumple sus primeros veintiocho años de vida. Después de un largo periodo de deliberación en el que participaron diversos sectores sociales, se lograron acuerdos que derivaron en la definición de trece títulos y más de un centenar de artículos que expresan el consenso social que desde entonces rige al país como un Estado social de derecho.

Esto quiere decir que todas las decisiones del Estado deben velar por la garantía y protección de los derechos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Una de las formas más efectivas para lograrlo es formular un marco normativo sólido que blinde a todos los ciudadanos ante cualquier acción que ponga en riesgo la realización de sus derechos. En esto hemos avanzado. Colombia se destaca por contar con un compendio de normas capaces de enfrentar casi cualquier problema social. Desde las primeras líneas la Constitución habla de la protección del derecho a la vida, al medio ambiente, a la dignidad, a la diversidad humana, entre otros asuntos fundamentales que serían suficientes para vivir en el paraíso de las garantías sociales.

Pero la realidad de hoy parece distante de lo que se firmó aquel 4 de julio de 1991. En tan solo 45 días que lleva de corrido el año, los dedos de las manos no me alcanzan para contar los líderes sociales asesinados, la cantidad de especies y personas afectadas por el desastre en el Río Cauca y quienes viven aguas abajo, los kilómetros cuadrados que pierde diariamente el pulmón amazónico en manos de la tala indiscriminada, o el número de niños, niñas y jóvenes que siguen creciendo -y muriendo- en condiciones de pobreza extrema en todas las regiones del país.

Ante esta realidad, las investigaciones que buscan explicar eso que nos pasa, cobran total validez. De manera particular, en el campo de la educación, consagrado como componente y fin esencial del Estado social de derecho, hay estudios orientados a encontrar pistas que contribuyan a disminuir las brechas de inequidad. Sin embargo, no hemos logrado anudar todos los eslabones de la cadena.

Uno de los hallazgos reiterados en las investigaciones tiene que ver con la descontextualización entre las decisiones políticas y la realidad de los territorios. Sobre esto basta traer como ejemplo las palabras de un directivo docente de Mitú: “Hablar de educación en el Vaupés es hablar regiones selváticas, donde no hay vías, la única ruta es aérea, cero conectividad, cero medios de comunicación, población dispersa, las vías de comunicación son los ríos y las trochas, nada más. Entonces, la canasta resulta muy costosa. Garantizar cobertura implica tener internados y brindar alimentación completa a los estudiantes y a los docentes”.

Aparece entonces una conclusión tácita: una cosa es legislar desde el escritorio, y otra muy distinta ponerse las botas y vivir la cotidianidad de las escuelas en su territorio. El primer artículo de la Constitución dice también que Colombia es una república descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Qué curso ha tomado esta decisión? En el plano educativo se refleja, entre otras, en la certificación de las secretarías de educación, en la asignación de presupuestos y en la generación de lineamientos técnicos de orden nacional acordes con el mandato institucional. Sin embargo, a pesar de los avances en cobertura, gratuidad y educación superior, los indicadores educativos siguen reportando importantes desafíos en materia de equidad y pertinencia.

Los resultados anuales de las pruebas estandarizadas parecen demostrar que la descentralización merece revisarse. Frente a esto, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Fundación Empresarios por la Educación emprendimos este año el diseño de un Observatorio de la gestión de las secretarías de educación. Ubicando el foco del análisis en el modelo de la descentralización, el observatorio pretende convertirse en el mejor aliado para la gestión educativa de los departamentos y municipios. La invitación es a acompañar esta nueva puerta a la investigación, sumarse a los escenarios de diseño y, por supuesto, estar expectantes a sus resultados.

*Asesora en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Fuente original: EL MUNDO